Medio millón de euros, nada más y nada menos. El Partido Popular, con un olfato electoral bastante desarrollado, se ha desmarcado del proceso estatutario para lanzar mensajes al exterior tales como que "España se rompe" y apelando al miedo y al orgullo nacional frente a lo que califica de aventuras egoístas nacionalistas (por cierto, impulsadas por partidos como CiU que antaño el PP valoraba y estimaba tanto gracias a que le ayudaban a gobernar).
En este asunto, me parece totalmente rechazable la postura de la derecha española. No ya porque esté en contra del Estatuto de Cataluña, ya que puede emitir las opiniones que deseen y es totalmente democrático, sino porque el PP sabe muy bien que los Estatutos han de pasar muchos trámites y se han de debatir y enmendar si es necesario porque es lo verdaderamente sano en política. Y en vez de seguir las reglas democráticas, ha visto un filón electoral y se ha lanzado como un perro a su hueso, catastrofizando y partiendo incluso de supuestos inaceptables (es plenamente rídiculo tramitar un Estatuto como reforma de la Constitución, aunque contenga elementos inconstitucionales, y mucho más rídiculo si estos se eliminan o modifican como se pretende).
El PSOE y demás partidos tienen por delante un trabajo complicado y un asunto delicado. Pero confío en que sepan llevarlo con madurez y pasos como crear comisiones de expertos para asesorarse y actuar con prudencia, elaborando enmiendas y consensuando es el camino. Independientemente de que el populismo del miedo arrastre más o menos, que ya veremos lo que arrastra.
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El alcalde de la ciudad de Barcelona, Joan Clos, ha adoptado una actitud firme frente a lo que él mismo ha calificado de "falta de civismo". La nueva ordenanza impulsada por el propio Ayuntamiento incluye medidas de los más variopintas tales como castigar las conductas racistas o sexistas, prohibir la prostitución callejera (e incluso multar a los usuarios de la misma en la vía pública), la compra o venta ambulante (especialmente los "top manta"), orinar o escupir en el entorno público, la mendicidad que utilice menores o sea "agresiva" (por ejemplo, los que limpian los parabrisas)...
A primera vista, la ordenanza puede resultar restrictiva. Y lo es. Sin embargo, a pesar de algunas críticas, la medida parece contar con el apoyo de muchos ciudadanos barceloneses. En cualquier caso, es posible que surjan dificultades para que sea acatada y lo que no queda claro es cómo van a hacer que se cumpla.
Por otra parte, Barcelona, especialmente al ser una ciudad grande, también sufre de problemas de inseguridad ciudadana, tal como otras capitales como Madrid o Valencia. Y ese problema puede que sea incluso más complicado de resolver que el de incivismo.
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A los dos días de comenzar el paro de los transportistas (en Galicia una semana extra), se desconvocó ayer debido al acuerdo de los mismos con el Gobierno y los cargadores.
Se han sucedido diversas declaraciones, entre ellas la de quienes consideran el paro forzado porque los acuerdos estaban ya en marcha, quienes se felicitan de que se hayan llegado a acuerdos (fundamentalmente mercados, empresas y consumidores), algunas críticas de sindicatos... Sin embargo, hay que valorar la disposición del Gobierno a darle salida al paro, aceptar lo que era razonable y contribuir al desenlace. Algunos también pretenden aprovechar la ocasión para acusar al Gobierno de débil pero más bien quizá el Ejecutivo intuye cuando tiene que ser firme y cuando flexible, al menos la mayoría de las veces.
Y el mismo Ejecutivo socialista se habrá dado cuenta de que proponer un abaratamiento del despido, además de impopular, ha generado un gran rechazo en los sindicatos. No es una medida adecuada y lo mejor es que no la volviera a formular. De hecho, otras medidas propuestas para mejorar la calidad del trabajo y una menor precariedad, especialmente en la juventud, en principio cuentan con un mayor apoyo, aunque no se hayan difundido en la prensa. No obstante, sindicatos y patronal discrepan entre sí en demasiados puntos de la propuesta, tanto que recuerda a aquello de si doy más agua como quiere X o doy menos como quiere Y, doy una cosa intermedia y "nunca llueve agusto de todos". En cualquier caso, las reformas laborales nunca son fáciles y esto va para largo.
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No hace falta presentar a Pedro Solbes, ministro de Economía actualmente. También fue ministro de la misma cartera entre 1993 y 1996.
Según las encuestas, es uno de los miembros del Gobierno central más valorados. Se dice que ello se debe en parte a que los ciudadanos le creen muy competente en su campo y también en parte a que es de los pocos integrantes del Ejecutivo de Zapatero que los votantes de derechas tienen en estima (además de, por supuesto, Bono).
¿Un miembro de derechas en un gobierno de centro-izquierda de política económica centrista? Ignoro si lo es, quizás me interesa más lo que haga como ministro que su ideología. Luchador infatigable por el equilibrio presupuestario, defensor (aunque no a ultranza) del déficit cero... es un personaje político bastante curioso. Suele matizar económicamente, para bien y para mal, las iniciativas del Gobierno. Por otra parte, muchos de los comentarios que molestan a determinados sectores o incluso a los ciudadanos (como, por ejemplo hoy, proponer abaratar el despido) surgen casi de una iniciativa propia de Solbes.
Gran parte de la recuperación económica de la crisis sufrida por España entre 1992 y 1994 podría decirse que fue impulsada cuando fue ministro con Felipe González. Al mismo tiempo, fue acusado por sectores de la izquierda de poner en marcha una política económica liberal y derechista. Hoy en día, asumido el modelo económico, se le critica y/o se le alaba por ser una especie de "conciencia restrictiva" del gobierno socialista.
¿Ángel o demonio?
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